

(Buenos Aires; SN).- La discusión por los recursos destinados a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba se tensó en las últimas semanas, coincidiendo con el debate parlamentario de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados de la Nación y poniendo bajo la lupa el accionar de los representantes oficialistas cordobeses en el Congreso.
El Gobierno nacional y la provincia de Córdoba pactaron recientemente un nuevo acuerdo para duplicar los giros mensuales de la ANSES a la Caja de Jubilaciones, que pasarán de $5.000 millones a $10.000 millones a partir de mayo próximo, tras el vencimiento de un convenio anterior homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El entendimiento, ya firmado por las autoridades de ambos gobiernos, ahora debe ser aprobado por la Legislatura.
Las autoridades provinciales calificaron el acuerdo como “aceptable”, aunque advirtieron que no satisface plenamente las expectativas ni cubre en su totalidad la deuda reclamada ante la Corte Suprema en el reclamo por los envíos adeudados correspondientes a los años 2023–2024, que ascienden aproximadamente a un billón de pesos, según estimaciones oficiales.

Déficit previsional, reclamo histórico y política nacional
La situación de la Caja jubilatoria cordobesa responde a un déficit estructural de larga data. Aunque las demandas judiciales y administrativas ya tienen varios años de antigüedad, el reclamo cobró renovada fuerza durante la gestión actual, en medio de ajustes fiscales y rediscusión de partidas presupuestarias. El déficit mensual estimado supera los $35.000 millones, lo que obliga a la administración provincial a buscar mecanismos para sostener el pago de haberes y prestaciones.
El oficialismo cordobés en el Congreso y las ausencias durante la Reforma Laboral

La negociación por los fondos nacionales no estuvo exenta de polémica política. Fuentes parlamentarias y medios porteños destacaron que la decisión de duplicar los giros se consolidó poco después de que tres diputados cordobeses oficialistas —entre ellos el exgobernador y actual legislador nacional Juan Schiaretti— se ausentaran de la sesión clave en la Cámara de Diputados donde se debatió la Reforma Laboral. Esos ausentes, junto con otros representantes provinciales, habrían facilitado la aprobación de artículos sensibles del proyecto impulsado por el oficialismo nacional, en particular aquellos relacionados con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Ese contexto generó versiones cruzadas sobre un posible vínculo entre la adhesión tácita al tratamiento de la Reforma Laboral y el timing político de la ampliación de recursos para la Caja. Aunque desde los diferentes bloques republicanos negaron acuerdos explícitos, la correlación temporal entre ausencias parlamentarias de legisladores cordobeses y el anuncio de los nuevos giros alimentó interpretaciones políticas en la opinión pública.
En la provincia, el acuerdo fue recibido con cautela por distintos actores políticos y sociales. Mientras la administración provincial lo valoró como un avance necesario para reforzar la sostenibilidad de la Caja, sectores gremiales y representantes sociales consideraron que la cifra aún “no cubre las expectativas” ni aborda los pasivos acumulados del Estado nacional con el régimen previsional cordobés.


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