(SN; Buenos Aires) La decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de archivar la causa que investigaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 50.000 millones de dólares será revisada por la Cámara Federal, luego de que la fiscalía apelara el cierre del expediente.
El fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, solicitó revocar la decisión de la magistrada y respaldó el planteo de su colega de primera instancia, Franco Picardi, quien había cuestionado duramente el archivo de la causa.
Picardi sostuvo que la jueza realizó una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas”, además de una interpretación incorrecta del marco normativo que regula la toma de deuda pública. Según el fiscal, el acuerdo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri implicó contraer “una deuda insostenible”, la mayor de la historia del país y del propio organismo internacional.
Los imputados en la causa
En el dictamen presentado a comienzos de febrero, Picardi detalló que entre los imputados se encuentra el expresidente Macri, junto a varios exfuncionarios de su administración.
Entre ellos figuran actuales integrantes del Gobierno nacional, como el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.
También aparecen mencionados el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el extitular del Banco Central Guido Sandleris, además de otros exfuncionarios que integraban el Comité de Política Monetaria de la entidad.
El acuerdo con el FMI
La causa judicial se inició tras el acuerdo firmado en junio de 2018 entre el gobierno de Cambiemos y el FMI. El programa original contemplaba un préstamo por 50.000 millones de dólares a pagar en 36 meses, que posteriormente fue ampliado en 7.100 millones de dólares.
Según el fiscal Picardi, ese endeudamiento vulneró la Constitución Nacional y las normas que regulan la toma de crédito público. Entre otras cuestiones, señaló que el acuerdo no contó con aprobación del Congreso, requisito previsto en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución.
Además, indicó que varios pasos administrativos se realizaron después de firmado el acuerdo y que faltaron informes clave, como dictámenes de viabilidad económica, autorizaciones de la Jefatura de Gabinete y evaluaciones jurídicas del Banco Central.
Críticas al archivo del expediente
La jueza Capuchetti cerró el caso al considerar que se trataba de una decisión de política económica “no judiciable”. También descartó la existencia de desvío o apropiación indebida de fondos.
Sin embargo, la fiscalía sostuvo que aún quedan aspectos relevantes por investigar y calificó el cierre de la causa como una decisión “prematura”.
En su apelación, Picardi afirmó que el archivo del expediente vulnera el principio acusatorio y deja sin analizar parte de la hipótesis criminal planteada por la fiscalía.
El fiscal sostuvo además que el acuerdo con el FMI habría estado acompañado por un proceso de fuga de capitales que benefició a sectores privados concentrados, mientras que el Estado asumía un endeudamiento que calificó como “de imposible repago”.
Un perjuicio millonario
De acuerdo con el dictamen fiscal, el esquema investigado habría generado un perjuicio económico para el Estado estimado en 29.618 millones de dólares, cifra calculada por la Sindicatura General de la Nación.
La investigación también se basó en informes elaborados por organismos de control como la Auditoría General de la Nación, además de documentación del Banco Central, del Ministerio de Economía y del propio FMI.
Según la fiscalía, ese conjunto de pruebas fue “deliberadamente ignorado” por la magistrada al momento de cerrar el expediente.
La decisión ahora queda en manos de la Cámara
La revisión del caso quedará a cargo de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
Ese tribunal deberá definir si confirma el archivo dispuesto por Capuchetti o si ordena reabrir la investigación para continuar con las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía.
