Jorge Conalbi Anzorena
Se sabe.
El Fondo Monetario Internacional nunca llega solo.
Trae planillas, recetas y una vieja obsesión colonial: que paguen los de abajo. Javier Milei, disciplinado alumno de esa pedagogía del ajuste, acaba de encontrar un nuevo blanco para el sacrificio fiscal: los monotributistas, los asalariados y esa clase media empobrecida que todavía sostiene el escaso consumo que queda mientras el país se vacía de ingresos.
La flamante propuesta impulsada por el FMI para que más empleados vuelvan a pagar Impuesto a las Ganancias y para endurecer el régimen del monotributo no aparece en el vacío. Es parte de una arquitectura política donde el ajuste siempre cae sobre los mismos cuerpos: jubilados, trabajadores, cuentapropistas, pequeños comerciantes y pymes.
El relato libertario prometía destruir privilegios. Pero los privilegios no desaparecieron: cambiaron de domicilio fiscal.
Mientras el Gobierno estudia ampliar la base de Ganancias y exprimir categorías del Monotributo, simultáneamente diseña regímenes extraordinarios para grandes inversores con estabilidad tributaria por 30 años, reducción de impuestos y posibilidad de litigar contra el Estado argentino en tribunales internacionales. El llamado “Súper RIGI” funciona como una alfombra roja para corporaciones multimillonarias.
La motosierra no corta arriba. Arriba firma beneficios.
El mecanismo es obscenamente simple: se recaudan recursos desde abajo para subsidiar rentabilidades arriba. Se ajusta el gasto previsional, se licúan salarios y jubilaciones, se aumentan tarifas y se amplía la base tributaria sobre trabajadores registrados mientras se reducen cargas y garantías para grandes capitales.
Porque para esta nueva religión económica, un empleado que llega raspando al día 20 es “un contribuyente de altos ingresos”. En cambio, una minera multinacional con beneficios impositivos hasta el año 2055 es “una inversión estratégica”.
Eso no es “orden macroeconómico”. Es transferencia regresiva del ingreso.
Los números empiezan a mostrar la herida social. Más jubilados vuelven a trabajar porque los haberes ya no alcanzan ni para medicamentos ni alimentos. Según informes recientes, la cantidad de personas mayores de 65 años que debieron reinsertarse laboralmente creció de forma abrupta durante el gobierno de Milei.
Es la postal perfecta del modelo: ancianos vendiendo artesanías para comprar remedios mientras los fondos buitres reciben blindajes fiscales de tres décadas.
El FMI lo llama “sustentabilidad”. En los barrios se llama angustia.
Y hay algo todavía más brutal: el Gobierno pretende presentar este esquema como una epopeya moral. El trabajador que factura para sobrevivir es tratado como sospechoso tributario. El pequeño comerciante aparece como un costo fiscal. El jubilado es un problema contable. Pero el gran capital extractivo, las corporaciones tecnológicas y los fondos buitres son celebrados como héroes civilizatorios aunque tributen menos y giren utilidades afuera.
La Argentina de Milei empieza a parecerse a un casino administrado por contadores del Fondo Monetario: las ganancias se privatizan y el sacrificio se socializa.
En nombre del déficit cero se vacían bolsillos llenos de agujeros. Y mientras la clase media aprende a vivir tachando alimentos del changuito, el poder económico recibe beneficios que ni siquiera disimula.
El ajuste libertario tiene una lógica medieval: cobrar peaje al que camina descalzo para financiar castillos que nunca habitará.
Porque el problema nunca fue el gasto. El problema, para ellos, es quién conserva ingresos.
Y, se sabe...
En esa batalla, el FMI ya eligió bando hace décadas.
