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(Buenos Aires; SN) Manuel Adorni y su esposa, Betina Angeletti, solicitaron adherir al régimen de "inocencia fiscal" impulsado por el gobierno de Javier Milei, una herramienta que permite tributar sobre los ingresos declarados sin que el incremento patrimonial forme parte del cálculo del Impuesto a las Ganancias.
La novedad cobra relevancia porque la adhesión se produjo antes de que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025, un trámite que llega rodeado de interrogantes sobre la evolución de los bienes y gastos de la familia.
El pedido de adhesión fue registrado el 9 de junio ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La Ley 27.799 establece un régimen simplificado mediante el cual los contribuyentes tributan en función de los ingresos facturados, independientemente de las variaciones patrimoniales registradas durante el ejercicio fiscal.
El punto central de la polémica es que Adorni aún enfrenta cuestionamientos vinculados a distintas operaciones y gastos realizados durante los últimos años. Entre ellos, la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, reformas en una vivienda ubicada en un country, viajes al exterior y consumos con tarjetas de crédito que, según las publicaciones periodísticas, superan ampliamente los ingresos conocidos del funcionario.
La propia administración libertaria presentó la ley como una herramienta para "blindar" los ahorros de los argentinos. Cuando fue aprobada, el presidente Javier Milei celebró la iniciativa y aseguró que permitiría a los contribuyentes disponer de sus recursos sin enfrentar controles sobre el origen de los fondos ya incorporados a su patrimonio.
La situación genera un fuerte contraste político. Adorni fue uno de los principales defensores públicos de la norma y destacó en reiteradas oportunidades que el régimen representaba un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Ahora será uno de sus beneficiarios.
Mientras tanto, la expectativa está puesta en la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, que podría arrojar más información sobre la evolución patrimonial de la familia y despejar —o profundizar— las dudas que hoy rodean al funcionario.
