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(Córdoba; SN) El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reveló que funcionarios municipales recibieron amenazas en el marco de los controles a locales nocturnos y aseguró que al presidente del Ente Municipal de Fiscalización y Control le dejaron dos balas sobre su escritorio tras la clausura del local Punta Alvear.
La declaración fue realizada durante una entrevista periodística en la que el jefe comunal presentó una nueva unidad ejecutora destinada a reforzar los controles sobre bares, boliches y otros establecimientos vinculados a la actividad nocturna en la capital provincial.
"Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio", afirmó Passerini. Según indicó, el propietario de Punta Alvear fue denunciado penalmente por amenazas contra un funcionario municipal luego de las actuaciones realizadas por el organismo.
El anuncio se produce en un contexto de fuerte debate sobre los controles municipales a la noche cordobesa, especialmente después del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en una causa que también puso bajo la lupa al bar Wachitas.
Passerini informó que firmó un decreto para crear una unidad ejecutora que integrará distintas áreas de la Municipalidad y de la Provincia. El objetivo será revisar durante los próximos 90 días las habilitaciones vinculadas a la actividad nocturna.
El intendente explicó que existen más de 7.000 habilitaciones vigentes y advirtió que algunos establecimientos clausurados vuelven a funcionar mediante cambios de razón social o modificaciones en la actividad declarada.
En ese marco, sostuvo que el Ente de Fiscalización y Habilitaciones pasó de realizar 90 clausuras a concretar 700 desde su creación, el año pasado.
Además, adelantó que se habilitarán nuevos canales de denuncia ciudadana para agilizar las intervenciones y que el Ejecutivo impulsará modificaciones en las ordenanzas de habilitaciones y espectáculos públicos.
Durante la entrevista, Passerini también cuestionó a agentes municipales que se negaron a incorporarse al ente de fiscalización alegando cuestiones gremiales. Según afirmó, algunos de esos trabajadores enfrentan procesos judiciales e incluso detenciones.
El intendente consideró necesario avanzar en la creación de un registro público que impida que locales con reiteradas clausuras vuelvan a abrir bajo otra razón social y propuso que las sanciones alcancen también a los propietarios de los inmuebles.
"Entiendo que esta es la oportunidad de terminar esta problemática", concluyó.
