Laboulaye: Llaryora anunció una jubilación mínima de $800 mil y cargó contra la oposición

(Laboulaye; SN).- En un clima de fuerte confrontación política, el gobernador Martín Llaryora inauguró este domingo el 148° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba. El acto, realizado en la ciudad de Laboulaye, no solo le sirvió para anunciar el aumento de la jubilación mínima y una vasta obra pública, sino que se convirtió en el escenario de un duro cruce con los principales referentes de la oposición presentes en el recinto, entre ellos Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni.

Reforma previsional y el nuevo piso de haberes

El punto central de la agenda previsional fue el anuncio de la elevación de la jubilación mínima a $800.000. Según el Ejecutivo, esta medida busca establecer un suelo de ingresos en el sistema provincial que supere el promedio de las prestaciones del sistema nacional.

El Gobernador ratificó la continuidad de la Caja de Jubilaciones bajo la órbita de la provincia de Córdoba, rechazando cualquier proyecto de transferencia a la administración nacional. Asimismo, informó que se mantendrá el esquema de la Ley de Equidad Jubilatoria, mediante la cual se pretende alcanzar progresivamente la restitución del 82% móvil para un mayor número de beneficiarios, financiado a través de aportes solidarios de los sectores con mayores ingresos del sistema.

El conflicto con el Tribunal de Cuentas y la oposición

Llaryora dedicó un apartado extenso a la relación con el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de la fiscalización previa de los gastos del Estado, que actualmente cuenta con mayoría de la oposición. El mandatario se refirió específicamente a la objeción técnica y administrativa que el Tribunal realizó sobre la compra de drones de vigilancia con capacidades militares destinados a las fuerzas de seguridad.

El gobernador vinculó la negativa del organismo de control con una estrategia de obstrucción por parte de los referentes de la oposición presentes en el recinto (Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza). Argumentó que la demora en el visado de estos expedientes impide la incorporación de herramientas tecnológicas solicitadas por la Justicia para la lucha contra el narcotráfico. Según el Ejecutivo, el bloqueo administrativo afecta la ejecución de una inversión prevista de $40.000 millones destinada a centros de monitoreo, cámaras de lectura de patentes y sistemas de inteligencia artificial preventiva.

"Están jugando con la seguridad de la gente. Tienen miedo de perder la próxima elección y los mandaron a obstruir", disparó el mandatario mirando a la bancada opositora. "No hagamos estos papelones, porque lo único que logran es parar el progreso", añadió, insistiendo en que la tecnología es una demanda de la Justicia para combatir el narcotráfico.

Política fiscal y desgravación impositiva

En materia tributaria, el mandatario informó que el plan de reducción de presión fiscal representa una devolución de $900.000 millones a los contribuyentes. El detalle técnico de la medida indica que:

• El 40% de los propietarios percibirá una reducción del 25% en el Impuesto Inmobiliario en comparación con el ejercicio anterior.
• Se mantendrán las exenciones para pequeños comercios en Ingresos Brutos.
• Se proyectan nuevas rebajas impositivas para el presupuesto del año 2027, condicionadas al cumplimiento de las metas de ahorro burocrático.

Infraestructura y seguridad ciudadana

El plan de obras públicas para el año en curso incluye la finalización de la Autopista Ruta 19, la construcción del "Cruce de los Gigantes" entre Tanti y Taninga, y el desarrollo de la denominada Ruta 100, un corredor que conectará Río Cuarto con Cruz del Eje.

En el ámbito legislativo, se anunció el envío de dos proyectos:

• Ley Anti-Búnker: Un instrumento jurídico para facilitar el desalojo de inmuebles privados utilizados para actividades ilícitas y su restitución a los propietarios o su reconversión para uso comunitario.
• Ley de Protección Integral de Víctimas de Delitos: Nombrada "Ley Joaquín", busca establecer garantías de asistencia jurídica y psicológica por parte del Estado para los damnificados por hechos delictivos.

El acto concluyó con el compromiso de convertir el "Plan de Igualdad Territorial" en ley, obligando a los futuros mandatarios a iniciar sesiones en el interior provincial para rendir cuentas sobre la distribución de la inversión pública.