(Buenos Aires; SN, con información de El Destape y elDiarioAR).- El anuncio del Gobierno nacional sobre la creación de un sistema de inteligencia artificial denominado “gemelo digital social” desató una fuerte controversia política y reavivó el debate sobre vigilancia estatal, privacidad y control social en la Argentina.
La polémica creció luego de que investigaciones periodísticas revelaran negociaciones y acuerdos tecnológicos vinculados a Palantir, la poderosa empresa estadounidense de análisis de datos e inteligencia artificial asociada a organismos de seguridad de Estados Unidos e Israel.
Según publicó El Destape, el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei contempla el desarrollo de plataformas de análisis predictivo capaces de integrar enormes volúmenes de información estatal y privada. El objetivo oficial sería anticipar comportamientos sociales, detectar conflictos y diseñar políticas públicas mediante modelos algorítmicos.
Sin embargo, las críticas apuntan al tipo de tecnología involucrada y a las compañías asociadas. Palantir es una firma fundada por Peter Thiel —empresario cercano a Donald Trump y referente de la ultraderecha tecnológica estadounidense— que desarrolló sistemas utilizados por agencias de inteligencia, fuerzas armadas y organismos de seguridad.
La empresa mantiene contratos con el Pentágono, la CIA, el FBI y también con el gobierno de Israel. En ese país, sus plataformas fueron utilizadas para tareas de vigilancia, procesamiento masivo de datos y seguimiento poblacional en territorios palestinos, especialmente en contextos de seguridad y operaciones militares.
De acuerdo con la investigación de El Destape, el vínculo entre el Gobierno argentino y Palantir se habría profundizado tras reuniones mantenidas entre Milei, funcionarios nacionales y representantes del entorno empresarial ligado a Peter Thiel. Las negociaciones incluirían cooperación tecnológica en inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas predictivos.
El informe también señala que parte del modelo que se busca implementar en la Argentina toma referencias de experiencias desarrolladas en Israel, donde el uso de inteligencia artificial aplicada al monitoreo social y la seguridad estatal alcanzó niveles de sofisticación inéditos. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos cuestionaron reiteradamente esas herramientas por su potencial impacto sobre libertades civiles y privacidad.
En paralelo, elDiarioAR informó que legisladores opositores presentaron pedidos de informes para exigir precisiones sobre el llamado “gemelo digital social”. Los cuestionamientos apuntan a conocer qué datos serían utilizados, qué empresas participarían del proyecto y cuáles serían los mecanismos de control sobre la información recolectada.
Distintos sectores políticos y especialistas advirtieron que la creación de un sistema centralizado de inteligencia artificial podría derivar en mecanismos de perfilamiento ciudadano, seguimiento de conductas sociales y monitoreo masivo de la población.
Las críticas también alcanzan la falta de transparencia oficial sobre los convenios tecnológicos y sobre el alcance real del programa. Hasta el momento, el Gobierno no difundió documentación técnica detallada ni explicó qué organismos tendrían acceso al sistema.
Desde el oficialismo aseguraron que el proyecto utilizaría datos anonimizados y que su finalidad sería exclusivamente estadística y administrativa. Aun así, organizaciones vinculadas a derechos digitales remarcaron que el uso de inteligencia artificial sobre bases de datos masivas requiere marcos regulatorios claros, auditorías independientes y controles parlamentarios estrictos.
La discusión volvió a poner en el centro del debate el avance de tecnologías de vigilancia, el rol de empresas privadas en la administración de datos públicos y los límites entre innovación tecnológica y derechos civiles en la Argentina.
