El Gobierno disolvió la Unidad de Tareas creada para indagar la promoción oficial de la criptomoneda $LIBRA. El caso continuará en la Justicia, pero no se difundió información sobre lo investigado ni posibles responsabilidades.
Política20 de mayo de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El Gobierno Nacional dio por cerrada la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA y eliminó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por el propio presidente Javier Milei para indagar las denuncias derivadas de la promoción de ese activo digital.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 332/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El texto señala que la UTI “ha dado cumplimiento a la tarea encomendada” y que la información recabada fue enviada al Ministerio Público Fiscal.
La unidad había sido creada en febrero pasado, tras la polémica generada por la difusión del memecoin $LIBRA desde las redes sociales personales del Presidente. El respaldo público al proyecto, que luego fue abandonado por sus creadores, provocó pérdidas millonarias entre los inversores y derivó en una ola de denuncias por presunta estafa.
En los días posteriores a su lanzamiento, el valor de la criptomoneda se desplomó abruptamente, mientras los responsables del proyecto se retiraban del mismo. La maniobra fue calificada por los damnificados como un caso de “rug pull”, una modalidad de fraude habitual en el ecosistema cripto.
Pese a la disolución de la unidad, la investigación judicial sigue su curso. En Estados Unidos, una demanda colectiva acusa a Milei de haber promovido el activo digital de forma “engañosa” y de actuar con “negligencia”. Según los demandantes, sin su intervención pública, el esquema no habría alcanzado el nivel de inversión que logró.
Hasta el momento, no se difundieron los resultados de la investigación interna ni se conocieron detalles sobre posibles responsabilidades dentro del Ejecutivo. La causa continúa bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si hubo delitos económicos o conflictos de interés en el seno del Gobierno.
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