La Cámara alta tratará este jueves el rechazo definitivo al veto presidencial y un proyecto que limita las facultades del Ejecutivo sobre los DNU.
Política04 de septiembre de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El Senado de la Nación debatirá este jueves, desde las 11, la anulación definitiva del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Además, avanzará en la media sanción de un proyecto que modifica la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La emergencia en discapacidad, aprobada en julio, establecía la asignación de fondos hasta diciembre de 2027 para garantizar pagos a prestadores de servicios —enfermeros, acompañantes y transportistas—, la reactivación del proceso de otorgamiento de pensiones y la actualización de los montos, que en junio de este año alcanzaban los $213.286,50. También contemplaba un incremento salarial para trabajadores con discapacidad empleados en talleres asistidos, cuyo ingreso permanece en $28.000 desde febrero de 2023.
La votación en el Senado se anticipa con un amplio respaldo opositor, superior a los dos tercios necesarios, considerando que en julio la iniciativa fue aprobada por unanimidad con 55 votos a favor y 17 ausencias, todas del oficialismo. En la Cámara de Diputados, el rechazo al veto obtuvo 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones. Si el resultado se repite, el presidente Javier Milei no podrá insistir con el veto.
En paralelo, se debatirá la reforma de la Ley 26.122, que regula los DNU. El proyecto establece que ambas cámaras del Congreso cuenten con 90 días para ratificar los decretos, en lugar de revocarlos, y que cada uno se limite a un área técnica específica, con el objetivo de impedir megadecretos como el 70/2023.
La sesión también contempla la revisión de convenios impositivos firmados en 2019 con Austria y Francia. Durante la reunión de Labor Parlamentaria se acordó, además, convocar a una nueva sesión para el miércoles 18 de noviembre, con temas vinculados al sistema científico y a la lucha contra la desinformación.
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La ley deberá promulgarse, ya que el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado. El proyecto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas. Desde distintos sectores advierten que, si el Ejecutivo no aplica la norma, podría impulsarse un juicio político.
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