Alta Gracia: la flamante ley impactó en el debate político sobre los "naranjitas"

(Alta Gracia; SN).- La sanción de la ley provincial que regula la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, aprobada el 8 de abril de 2026, reactivó el debate en Alta Gracia, donde existe desde 2024 una ordenanza específica que renguea en su implementación. El nuevo marco legal introduce sanciones más severas y expone tensiones entre regulación, control estatal y realidad social.

La flamante normativa provincial establece que quienes, sin habilitación, exijan o impongan una retribución económica por permitir estacionar, permanecer o retirar un vehículo en la vía pública podrán ser sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta 50 Unidades de Multa o arresto por el mismo plazo. La ley apunta a prácticas consideradas extorsivas o abusivas, especialmente en zonas urbanas con alta circulación.

Desde el Ejecutivo municipal interpretan que la nueva legislación cubre vacíos del Código de Convivencia provincial y habilita herramientas concretas de intervención que antes no estaban disponibles para los gobiernos locales.

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Sin embargo, en Alta Gracia ya rige la Ordenanza 12911, sancionada el 26 de junio de 2024, que creó un Registro Municipal de cuidadores de vehículos con el objetivo de formalizar la actividad, ordenar el uso del espacio público y brindar mayor seguridad a vecinos y turistas.

La ordenanza establece que solo podrán desempeñarse quienes cuenten con credencial habilitante, emitida por el municipio, con asignación de zonas específicas. También dispone el uso obligatorio de identificación visible y prohíbe exigir pagos fijos, definiendo que la contribución económica debe ser voluntaria y abonarse al momento de retirar el vehículo.

El texto normativo incorpora además una dimensión social: prioriza el acceso al registro para personas mayores de 40 años, personas con discapacidad o quienes acrediten antigüedad en la actividad, e incluye la obligación de realizar capacitaciones en convivencia ciudadana e información turística.

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A pesar de este marco, la implementación aparece como el principal punto de conflicto. El presidente del opositor bloque Alta Gracia Cambia, Martín Barrionuevo, sostuvo que la ciudad cuenta con herramientas suficientes desde antes de la ley provincial. “Hemos sancionado una ordenanza para crear un registro municipal antes de la promulgación de la ley provincial y no existe una ilegalidad en los trabajadores de nuestra ciudad”, afirmó.

El edil apuntó directamente al rol del Ejecutivo. “Es el Ejecutivo quien debe hacer cumplir la norma. Hoy no sucede y no hay prórroga de ningún tipo”, señaló. En esa línea, insistió en la necesidad de ordenar la actividad sin criminalizarla: “Hay que mejorar y transparentar este servicio. Un dato importante es que es a voluntad y no un importe fijo para cada persona que estacione”.

Barrionuevo también marcó falencias en la ejecución de la ordenanza, particularmente en lo referido a la capacitación obligatoria. “Incluye convivencia ciudadana e información turística, pero al día de la fecha no existe”, indicó. Y advirtió que sin aplicación efectiva “no tendrá resultado positivo”.

Desde otra perspectiva, la presidenta del oficialista bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Lara González, planteó que el fenómeno de los cuidacoches no puede abordarse de manera simplista. “Es una problemática compleja que atraviesa distintas dimensiones: la convivencia urbana, la seguridad y también lo social”, expresó.

González destacó que la ley provincial marca una tendencia hacia regulaciones más estrictas, incluso con prohibiciones en ausencia de ordenanzas locales, pero subrayó la autonomía municipal. “Los municipios tenemos la facultad de regular esta actividad, por lo que cualquier solución debe adaptarse a la realidad local y no ser uniforme”, afirmó.

En ese marco, consideró que el eje no debe reducirse a permitir o prohibir. “Hay que ordenar el uso del espacio público, dar previsibilidad a los vecinos y evitar situaciones de abuso o violencia que se han registrado en distintos puntos de la provincia”, señaló.

Al mismo tiempo, puso el foco en la dimensión social del problema. “Detrás de esta actividad hay personas que muchas veces encuentran en esto su único ingreso”, indicó, y sostuvo que las políticas públicas deben incluir alternativas concretas como capacitación, reconversión laboral o esquemas regulados y transparentes.

Respecto a la situación local, coincidió en el diagnóstico sobre la falta de implementación. “En Alta Gracia contamos con una ordenanza y el desafío es pasar de la norma al hecho. Aplicarla, evaluarla y mejorarla si hace falta”, afirmó.

La Ordenanza 12911 prevé un sistema integral que incluye requisitos de inscripción como certificado de antecedentes, aptitud médica y acreditación de domicilio, además de controles periódicos. También establece sanciones para quienes incumplan las condiciones, como exigir pagos fijos, trabajar sin credencial o recibir denuncias por conductas inapropiadas.