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(Alta Gracia; SN) La disputa entre la Municipalidad de Alta Gracia y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por la representación sindical de los empleados municipales sumó un nuevo capítulo con una sentencia judicial favorable al gremio. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, el fallo parece abrir una etapa que podría extenderse hasta el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución, difundida por ATE Córdoba como un "histórico reconocimiento judicial", ordena al Municipio cesar las prácticas consideradas antisindicales, reconocer el ejercicio de la libertad sindical, permitir la actuación de los delegados electos, actuar como agente de retención de la cuota sindical e impone una multa por incumplimiento de la legislación laboral.
Para el sindicato, el pronunciamiento constituye un precedente de relevancia provincial. "La Justicia de Alta Gracia dictó un fallo histórico", sostuvo la organización al difundir la decisión. Sin embargo, desde la asesoría letrada municipal cuestionan tanto el alcance como la presentación pública de la sentencia.
El principal argumento de la defensa municipal apunta a que la resolución de Alta Gracia no inaugura una nueva doctrina judicial.
El asesor letrado del Municipio, Daniel Villar, sostiene que existe un antecedente prácticamente idéntico dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Bell Ville el 18 de noviembre de 2021, en una demanda promovida también por ATE contra esa municipalidad. En aquella oportunidad, la Justicia ordenó actuar como agente de retención de la cuota sindical, declaró configuradas prácticas desleales y reconoció derechos sindicales similares a los ahora discutidos en Alta Gracia.
Desde esa perspectiva, el calificativo de "histórico" sería válido únicamente respecto del ámbito local, pero no como una innovación en la jurisprudencia provincial.
Otro aspecto destacado por la Municipalidad es que el fallo corresponde a una sentencia de primera instancia. Eso significa que puede ser revisado por tribunales superiores mediante los recursos previstos por la legislación procesal. En consecuencia, aún no constituye jurisprudencia firme ni definitiva.
Según anticipó Villar, el Municipio apelará la resolución y considera que el debate terminará en instancias superiores, dada la existencia de criterios contrapuestos en distintas decisiones judiciales sobre libertad sindical y representación gremial.
Aunque públicamente el conflicto suele presentarse como una disputa entre ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Alta Gracia (SITRAMAG), la controversia jurídica tiene un eje diferente.
La posición municipal no niega la existencia de la libertad sindical ni el derecho de los trabajadores a afiliarse a ATE.
Por el contrario, el decreto mediante el cual rechazó los planteos administrativos del gremio afirma expresamente que el Municipio reconoce esos principios constitucionales y los convenios internacionales sobre libertad sindical.
La cuestión central, según la defensa oficial, radica en la vigencia del Estatuto del Empleado Municipal.
El decreto municipal sostiene que el artículo 91 de la Ordenanza Nº 2147 -Estatuto del Empleado Municipal- reconoce expresamente al SITRAMAG como entidad gremial representativa del personal municipal y establece el régimen vigente dentro de la administración local.
Por esa razón, argumenta que el Departamento Ejecutivo no puede simplemente dejar de aplicar una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante mientras ésta permanezca vigente.
Según esa interpretación, hacerlo implicaría desconocer la propia legislación municipal y vulnerar la autonomía institucional reconocida por la Carta Orgánica.
Ese razonamiento constituye el núcleo de la futura apelación.
La Municipalidad sostiene que, si el Poder Judicial considera que la Ordenanza 2147 contradice normas de jerarquía superior -como la Constitución Nacional o la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales-, previamente debería declarar la inconstitucionalidad de esas disposiciones municipales.
A juicio de la defensa oficial, la sentencia ordena al Ejecutivo actuar en un sentido incompatible con normas locales que continúan plenamente vigentes, sin haberlas declarado inconstitucionales.
Ese será, previsiblemente, uno de los principales agravios que serán sometidos a revisión en la instancia de apelación.
La sentencia de Bell Ville, invocada por Villar, rechazó planteos similares formulados por aquella municipalidad.
En ese caso, la jueza ordenó al Municipio actuar como agente de retención de la cuota sindical para ATE, declaró configuradas prácticas desleales y rechazó los cuestionamientos sobre la coexistencia de organizaciones sindicales dentro del ámbito estatal.
El fallo también se apoyó en la evolución de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de libertad sindical, especialmente en el precedente "APSAI c/ Autopistas del Sol", donde el máximo tribunal avanzó sobre la protección patrimonial de las organizaciones sindicales y el derecho al cobro de cuotas de afiliación.
Más allá del resultado obtenido por ATE en primera instancia, el conflicto jurídico parece lejos de concluir.
La sentencia fortalece la posición del gremio y se inscribe en una corriente judicial favorable a ampliar el alcance de la libertad sindical en el sector público.
Pero, al mismo tiempo, la Municipalidad sostiene que permanece sin resolver un interrogante central: cómo compatibilizar esa interpretación con una normativa municipal que continúa vigente y que el Ejecutivo afirma estar obligado a cumplir hasta que sea modificada o declarada inconstitucional.
Será esa tensión entre la legislación local, la autonomía municipal y la evolución de la jurisprudencia nacional la que probablemente termine definiéndose en los tribunales superiores.
