Cuentas radicadas en Indonesia y Nigeria publicaron consignas libertarias con las órdenes de programación visibles. El papelón ocurrió bajo un mensaje de Santiago Oría, funcionario que, según fuentes oficiales, administra un esquema de unas 70 cuentas.
Con 144 votos a favor, el oficialismo y sus aliados dieron media sanción al proyecto que reduce las funciones de la entidad, prohíbe financiar al Estado y dificulta remover a sus autoridades. Ahora deberá tratarlo el Senado.
Las tres entidades acumulan 3,3 millones de clientes en situación irregular sobre un total de 5,9 millones. La mora familiar llegó al 12,8% y las deudas promedio alcanzan hasta $6,3 millones por persona.
La licencia por seis meses no logró contener el escándalo. Alejandra Vigo reclamó públicamente la dimisión del legislador y creció el malestar dentro del peronismo. Según trascendidos legislativos, el bloque oficialista evalúa separarlo de la banca por tiempo indeterminado.