Autoridades de la obra social provincial confirmaron que los sistemas no fueron afectados y que la información que dio lugar a las denuncias está en las fiscalías y en la nube. De Loredo había avivado las sospechas.
Provinciales18 de abril de 2025 SN
(Córdoba; SN) A pesar de la suspicacia generada por el voraz incendio que azotó la sede central de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross) tan solo dos días después de la detención de 13 personas presuntamente implicadas en un megafraude a la obra social, las autoridades de Apross han salido a asegurar que ninguna información crucial para las investigaciones en curso se vio comprometida por el siniestro.
Sebastián García Petrini, vocal del directorio de Apross y principal impulsor de la unidad antifraudes de la institución, fue enfático al declarar que la documentación relevante para las más de 50 causas iniciadas por fraudes contra la obra social se encuentra resguardada en múltiples ubicaciones. "La documentación no se encontraba en ninguno de esos pisos, está en resguardo", puntualizó a La Nueva Mañana, detallando que la información se encuentra tanto en las fiscalías intervinientes como en soportes digitales físicos y en la nube.
García Petrini subrayó la total colaboración del directorio con la Justicia, afirmando que están "a total disposición de la Fiscalía Interviniente para brindar la información que sea necesaria". Asimismo, enfatizó el interés primordial de la Apross en el avance de todas las investigaciones: "Es el directorio del Apross quien realiza las denuncias judiciales correspondientes y es el principal interesado en que cada una de las causas siga adelante, tenga resguardada su documentación y obtenga los resultados que ustedes están cronicando. Con lo cual, de ninguna manera nosotros nos hacemos eco de cualquier tipo de especulación que pudiera haber al respecto".
En la reciente investigación que arrojó resultados concretos, se produjo la detención de una exempleada de la obra social y varios policías en actividad y retirados, sospechosos de integrar una asociación ilícita.
Una alta fuente policial, consultada por La Voz, también buscó disipar cualquier duda sobre la pérdida de información sensible. "Más allá de la investigación administrativa que está realizando la Apross, está todo judicializado", explicó la fuente, añadiendo de manera contundente: “Lo que está en la Apross no es el backup de la causa; eso está en Tribunales”.
El impactante incendio, cuyas causas aún se investigan, se habría originado en el segundo piso del edificio, afectando gravemente las áreas de auditoría médica en diversas especialidades, incluyendo salud mental, discapacidad, prótesis e insumos, otras prestaciones y una extensa sección de medicamentos.
La rápida respuesta de los servicios de emergencia también fue destacada. Apenas tres minutos transcurrieron desde la primera llamada al 911 hasta la llegada de la primera autobomba. Casi simultáneamente, una policía que realizaba servicios adicionales en el edificio solicitó auxilio a través de otro canal de alerta.
A pesar de la magnitud de los daños en el segundo piso, las declaraciones de los directivos de Apross y las fuentes policiales buscan contrarrestar las suspicacias, especialmente las deslizadas por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien había expresado públicamente su preocupación por la posible pérdida de documentación clave para las investigaciones de fraude que sacuden a la obra social provincial.
En la etapa de alegatos, el fiscal Sergio Ruiz Moreno solicitó la pena máxima para Brenda Agüero, mientras que para el exministro Diego Cardozo y la ex directora Liliana Asís solicitó entre tres y cuatro años, respectivamente e inhabilitación. Las familias manifestaron su decepción.
Este martes, el gobernador Martín LLaryora firmó el Fondo Federal Cordobés, iniciativa destinada a promover el desarrollo de localidades de todo el territorio provincial en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras.
En el inicio de los alegatos, el fiscal de Cámara desarrolló los casos de los bebés muertos en el hospital y explicó la pericia científica. Apuntó contra la enfermera Brenda Agüero, la principal acusada, y dijo que la prueba contra ella es “irrefutable”.
Se trata del programa provincial Tecno Presente, que prevé la distribución de 40.000 notebooks a instituciones educativas, con una inversión de U$S 5.880.000.
Se trata del Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia que implica una reorganización geográfica y funcional.
La etapa de los alegatos inicia este martes con la exposición de los fiscales de Cámara. Después será el turno de los abogados querellantes y, por último, los defensores de los acusados. El fallo del tribunal recién se conocerá el 2 de junio.
El escritor e historietista, autor de “El Eternauta”, fue secuestrado por la última dictadura cívico-militar el 27 de abril de 1977, meses después de la desaparición de sus cuatro hijas.
Remiseros, taxistas y permisionarios reclamaron frente al Concejo Deliberante y exigieron que en un plazo de 15 a 20 días se apruebe una ordenanza que regule el transporte por aplicaciones en Alta Gracia.
Fuentes policiales indicaron que la joven de 25 años sufrió un fuerte traumatismo en una de sus piernas. En tanto que el conductor del vehículo se retiró del lugar antes de la llegada del móvil.
El cargamento fue interceptado por el operativo montado en el peaje de esa localidad. El camión había partido de Orán -en la provincia de Salta- y se dirigía a la ciudad de La Plata, en provincia de Buenos Aires.
La defensa de la comunidad Winkul Mapu en el juicio denunció graves irregularidades y que una inspección ocular evidenció "parodia" y montaje.
